Por Eve Sampson

Laprobación de la mayoría de los senadores eliminó el último gran obstáculo a las amplias propuestas defendidas por el presidente, que han provocado manifestaciones en todo el país.

El Senado de México aprobó por un estrecho margen una propuesta para hacer una amplia reestructuración al sistema judicial, librando así el último gran obstáculo para una medida que el presidente del país prometió impulsar antes de dejar su cargo a finales de septiembre.

El resultado refleja la desmesurada influencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de su partido, luego de que sus aliados obtuvieran considerables mayorías legislativas en junio, lo que les permitió aprobar algunas de las propuestas más polémicas y de mayor alcance del líder mexicano en sus últimas semanas en el cargo.

La medida cambiaría el sistema judicial, que pasaría de ser un sistema basado en nombramientos fundamentados en la formación y las cualificaciones de los candidatos, a otro en el que votantes elegirían a los jueces y habrá pocos requisitos para postularse. 

Además eliminaría a 7000 jueces de sus puestos, desde la presidenta de la Suprema Corte hasta los de los jueces locales.

El proyecto de ley pasará a las legislaturas estatales, donde necesitará una mayoría para convertirse en ley. Dado que el partido gobernante de López Obrador, Morena, y sus aliados, controlan 25 de los 32 parlamentos estatales, se espera que se apruebe con facilidad.

Cuando eso ocurra, los votantes podrían empezar a elegir a miles de jueces federales, estatales y locales tan pronto como el año próximo.

El debate se matrimonio suspendió temporalmente después de que un grupo de manifestantes, con megáfonos y banderas de México en mano, irrumpió en el edificio del Senado pidiendo a los senadores para bloquear el proyecto. Los manifestantes siguieron a los legisladores hasta otro recinto, donde un senador de la oposición fue agredido cuando alguien le arrojó gasolina a la cara. Más tarde, los agentes de policía dispersaron las manifestaciones utilizando extintores.

Tras una acalorada sesión en la que los legisladores se acusaron mutuamente de “traidores” y “mentirosos”, 86 senadores aprobaron el proyecto y 41 votaron en contra. El Senado aún debe resolver varias disposiciones controvertidas del proyecto antes de que pueda pasar a las asambleas legislativas de los estados.

El gobierno asegura que la medida es necesaria para modernizar el poder judicial e infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. 

La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado completamente el plan.          

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una intensa resistencia por parte de trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, jueces, estudiantes, legisladores de la oposición y otros críticos. 

La determinación de López Obrador a que se apruebe a como dé lugar ha mantenido en vilo a los mercados financieros y ha provocado una disputa diplomática con los embajadores de EE. UU. y Canadá. 

Incluso líderes de la Iglesia católica han dicho que la elección de jueces no garantizará una mejor administración de justicia para las víctimas de la violencia criminal en México.

“¿En dónde quedan mis 27 años de servicio? Yo empecé desde abajo”, dijo Sandra Herrera Benítez, secretaria judicial y vocera de los trabajadores judiciales en la ciudad norteña de Monterrey, quien se declaró en huelga el mes pasado junto con miles de otros trabajadores de los tribunales federales en todo México. “Ahora, para poder ser juez o magistrado tienes que ser amigo del presidente o de algún político”.         

Experiencias en países como Estados Unidos o Bolivia, donde los votantes pueden elegir a algunos jueces, han demostrado que hacerlo conlleva el riesgo de politizar más los puestos judiciales. 

“Los jueces responden a los incentivos que crean las elecciones”, afirmó Amrit Singh, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y experta en Estado de derecho. “El poder judicial se politizará hasta quedar irreconocible”.   

López Obrador presentó por primera vez su idea de renovar el poder judicial el año pasado. Molesto con la Suprema Corte por haber bloqueado algunos de los planes de su gobierno, como el de debilitar el organismo de vigilancia electoral de México o poner a la Guardia Nacional bajo el control de los militares, se comprometió a hacer que los jueces y magistrados fueran elegidos por votación popular, una medida que algunos analistas consideran una represalia.

“No tiene remedio el poder judicial, está podrido”, dijo entonces a los periodistas, pidiendo a sus partidarios que dieran a su movimiento político amplias mayorías en el Congreso en las urnas, para así aprobar el proyecto y cambiar la Constitución.

El día de las elecciones, los votantes consolidaron el dominio de Morena en la Cámara de Diputados, pero dejaron al Senado a unos cuantos escaños de la supermayoría. Sin embargo, Morena y sus aliados se aseguraron la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobación cuando tres senadores de la oposición votaron a favor de la reforma. 

Otro senador de la oposición, Daniel Barreda, se ausentó de la votación porque su padre había sido detenido por las autoridades en el sur de México, según dijo a los periodistas.

Días antes de la votación, los legisladores de la oposición dijeron que habían sido amenazados, chantajeados y que se les habían ofrecido sobornos para que aprobaran el proyecto.

En las últimas semanas han estallado protestas y manifestaciones en todo el país por los cambios propuestos. Los trabajadores judiciales y sus simpatizantes han organizado paros para bloquear el acceso a la Cámara de Diputados y al Senado. También hay gente que ha salido a las calles para defender el proyecto. 

Algunos expertos aseguran que pasarán años antes de que se comprenda plenamente el impacto de la legislación.

“La propuesta del presidente es un experimento”, dijo Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, añadiendo que el efecto del proyecto tendrá que ser evaluado dentro de unos años, ya que actualmente no hay precedentes.

“El principal objetivo del presidente, así lo veo, es sacar todos los jueces que llevan mucho tiempo y que están profundamente corrompidos”.

Sin embargo, otros afirman que el plan actual agravaría los problemas de corrupción que el gobierno intenta eliminar.

“La demolición del Poder Judicial no es la vía”, dijo Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, quien se opone a las medidas, en un mensaje televisado. También presentó una contrapropuesta para rediseñar el sistema.

Ese plan incluye medidas como hacer más transparente la selección de jueces para evitar el nepotismo y privilegiar el mérito, crear mecanismos disciplinarios independientes, fortalecer los poderes judiciales locales —donde la corrupción es más frecuente— y mejorar las fiscalías estatales.

Sin embargo, la contrapropuesta del poder judicial, dicen los analistas, llega un poco tarde.

¿QUÉ HARÍAN LAS MEDIDAS?

Por Simón Romero y Emiliano Rodríguez

Las propuestas cambiarían la forma en que se seleccionan los jueces en todo el poder judicial de México, pasando a un sistema en el que los candidatos a magistrados deben participar en elecciones en lugar de ser nombrados basándose más que nada en una serie de pruebas, sus cualificaciones y su formación.

Sin embargo, las medidas no se aplicarían a los jueces militares, ni a los jueces involucrados en conflictos de tierras o disputas específicas entre organismos administrativos y ciudadanos. 

Tales excepciones representan una pequeña fracción de los jueces de México.

La propuesta también reestructuraría a la Suprema Corte, reduciendo el número de jueces de 11 a 9 y acortando sus mandatos de 15 a 12 años. En algunos casos, los salarios y prestaciones de los jueces podrían reducirse para recortar gastos.

Además, se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían elegidos por votación popular y tendrían amplios poderes para investigar y posiblemente incluso despedir o destituir a los jueces. Las decisiones del tribunal serían definitivas e inapelables.

¿POR QUÉ MOLESTA A JUECES, TRABAJADORES JUDICIALES y CRÍTICOS?

El plan de López Obrador ha provocado protestas en todo el país e incluso ha sido el centro de una disputa diplomática con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que lo calificó de un “riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México”.

Muchos críticos del plan están de acuerdo en que el sistema necesita una renovación, pero advierten de que la propuesta del gobierno haría poco por librar al poder judicial de sus problemas. 

Por el contrario, dicen que erosionaría la independencia judicial y permitiría al movimiento político de López Obrador concentrar el poder.

Específicamente, a quienes critican a López Obrador y a sus aliados les preocupa que las medidas puedan afianzar sus ventajas políticas actuales por un período más largo de tiempo, al conseguir que se elijan jueces que estén alineados con Morena, el partido gobernante.

A algunas empresas extranjeras les preocupa que los cambios puedan complicar la búsqueda de jueces imparciales a la hora de examinar litigios entre el gobierno y las empresas. Otros críticos han advertido que los cárteles de la droga podrían intentar influir en las nuevas elecciones judiciales, al igual que han hecho en otras contiendas políticas en todo el país.

Aunque algunos países permiten la elección de algunos jueces por votación popular —entre ellos Estados Unidos, Suiza y Japón—, los expertos afirman que ninguno de ellos lo hace de forma tan generalizada como lo harían los cambios propuestos en México.

La determinación de imponer las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída de más del 15% en el valor del peso desde principios de junio.