En disputas sobre protestas, deportaciones y aranceles, el presidente ha invocado estatutos que es posible que no le proporcionen la autoridad que reclama.
Según el presidente Donald Trump, Estados Unidos enfrenta una rebelión en Los Ángeles, una invasión de una pandilla venezolana y amenazas extranjeras extraordinarias contra su economía.
Citando esta serie de crisis, ha tratado de recurrir a los poderes de emergencia que el Congreso ha repartido a lo largo de los siglos en el Código de Estados Unidos, convocando a la Guardia Nacional a Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador de California, enviando a decenas de migrantes a El Salvador sin el menor atisbo del debido proceso y trastornando la economía mundial con aranceles elevados.
Los juristas afirman que las acciones del presidente no están autorizadas por las leyes que ha citado y que, en cambio, están impulsadas por un objetivo diferente.
“Está declarando emergencias totalmente falsas para tratar de ampliar su poder, socavar la Constitución y destruir las libertades civiles”, dijo Ilya Somin, profesor libertario de la Facultad de Derecho Antonin Scalia, quien representa a un importador de vino y a otras empresas que impugnan algunos de los aranceles de Trump.
La crisis es la marca de Trump. Cuando asumió el cargo la primera vez, prometió acabar con la “carnicería estadounidense”. Cuando anunció su más reciente campaña de reelección, dijo que revertiría el “asombroso declive estadounidense”.
Desde que se postuló por primera vez a la presidencia en 2015, ha sostenido que solo él puede devolverle la grandeza al país.
Ahora, de nuevo en el cargo, está convirtiendo esa retórica en política.
Trump afirma que los acontecimientos y circunstancias considerados en gran medida rutinarios equivalen a emergencias que le permiten invocar poderes raramente solicitados por sus predecesores, pero que fueron incorporados a las leyes por los legisladores que querían garantizar que los mandatarios pudieran actuar con rapidez y agresividad para afrontar crisis reales.
Frank Bowman, profesor de Derecho de la Universidad de Misuri, dijo que las leyes que Trump ha invocado se basaban en la presunción de que no se abusaría de la flexibilidad que otorgaban.
“Se producen auténticas emergencias, y el Congreso sabe que es lento”, dijo Bowman. “Quiere que los presidentes que actúan de buena fe se muevan con rapidez”.
Pero Bowman dijo que el enfoque de Trump era diferente. “Declarar que todo es una emergencia comienza a movernos en la dirección de permitir el uso de la fuerza gubernamental y la violencia contra la gente que no te gusta”, dijo.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers dijo que los demócratas habían fracasado “a la hora de proteger a los estadounidenses de las amenazas económicas y de seguridad nacional, una inacción que ha provocado graves crisis”.
“El presidente Trump está utilizando legítimamente su autoridad ejecutiva —como demuestran las numerosas victorias en los tribunales— para ofrecer resolución y alivio al pueblo estadounidense”, dijo.
De hecho, los tribunales inferiores han rechazado en su mayor parte las afirmaciones de Trump sobre sus poderes de emergencia.
En marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente el poder de deportar a ciudadanos de naciones en guerra, invasión o “incursión depredadora”, argumentando que el Tren de Aragua, una violenta pandilla venezolana, estaba invadiendo Estados Unidos.
(La ley solo se había utilizado tres veces antes, en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial).
arios jueces han rechazado la idea de que las actividades de la pandilla justificaran el uso de la ley.
No hay nada en la ley de 1798, dictaminó el mes pasado el juez Alvin Hellerstein, de la Corte Federal de Distrito de Manhattan, que “justifique la conclusión de que los refugiados que emigran de Venezuela, o los gánsteres del Tren de Aragua que se infiltran entre los migrantes, participan en una ‘invasión’ o ‘incursión depredadora’”.
“No pretenden ocupar territorio, expulsar a la jurisdicción estadounidense de ningún territorio ni asolar territorio”, escribió el juez Hellerstein, quien fue nombrado por el presidente Bill Clinton. “Puede que el Tren de Aragua se dedique al tráfico de estupefacientes, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora”.
Una jueza, Stephanie Haines, de la Corte Federal del Distrito Oeste de Pensilvania, nombrada por Trump, falló en sentido contrario, diciendo que la pandilla ha realizado una “incursión depredadora”.
Incluso al margen de la ley de 1798, Trump ha hecho suya la retórica de una nación sitiada, prometiendo, en medio de un aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y de violentas protestas en California, “tomar todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la Invasión Inmigrante”.
Trump utilizó una justificación similar para imponer aranceles en abril, diciendo que “el comercio exterior y las prácticas económicas han creado una emergencia nacional.” Dos tribunales han fallado en su contra, aunque un tribunal de apelación ha suspendido temporalmente la más amplia de las dos sentencias.
Funcionarios de California rebatieron la afirmación de Trump de que había una crisis en el estado que requería una respuesta federal extraordinaria cuando anunciaron una demanda por su toma de control de una unidad militar estatal.
“La situación en Los Ángeles no cumplía los criterios para la federalización, que incluyen la invasión por parte de un país extranjero, la rebelión contra la autoridad del gobierno de EEUUy la incapacidad para ejecutar las leyes federales”, dijeron los funcionarios estatales al describir la demanda.
La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre las recientes afirmaciones de Trump de poderes de emergencia. En el pasado, los jueces se han mostrado escépticos ante esas afirmaciones. No dudaron, por ejemplo, en rechazar las invocaciones del presidente Joe Biden a la pandemia de la covid para adoptar medidas de emergencia.
En 2023, la corte dictaminó que Biden se había extralimitado en su autoridad al cancelar unos 400.000 millones de dólares en deuda estudiantil basándose en una ley de 2003 que otorgaba al poder ejecutivo la facultad de proteger a los prestatarios afectados por “una guerra u otra operación militar o emergencia nacional”.
En 2018, por otra parte, la Corte Suprema confirmó la prohibición de viajar impuesta por Trump a varios países predominantemente musulmanes, descartando su historial de declaraciones incendiarias sobre la emergencia a la que se enfrentaba la nación, una que dijo que justificaba un “cierre total y completo de la entrada de musulmanes en EEUU”.
En su opinión mayoritaria, el presidente de la corte, John Roberts Jr., citó una ley de inmigración que otorga a los presidentes la facultad de “suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros” según consideren necesario.
La disposición “rezuma deferencia hacia el presidente en cada cláusula”, dijo el presidente de la corte.
El tribunal se pronunciará próximamente sobre un caso derivado de una orden ejecutiva emitida por Trump que pretende suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes extranjeros.
Aunque no es probable que la decisión del tribunal aborde la constitucionalidad de la orden y se centre más bien en el alcance de las sentencias de tribunales inferiores que la bloquean, los defensores de la orden también han invocado la idea de que la acción del presidente estaba justificada por una invasión.
El juez James Ho que fue nombrado por Trump para el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU y ha sido mencionado como candidato a la Corte Suprema, escribió en 2006 que la ciudadanía por derecho de nacimiento “no está menos protegida para los hijos de personas indocumentadas que para los descendientes de los pasajeros del Mayflower”.
Pero en una entrevista en noviembre, pareció retractarse de esa opinión. “La ciudadanía por derecho de nacimiento obviamente no se aplica en caso de guerra o invasión”, dijo. “Que yo sepa, nadie ha sostenido nunca que los hijos de extranjeros invasores tengan derecho a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Y no puedo imaginar cuál sería el argumento jurídico para eso”.
Dos disposiciones notables de la Constitución se refieren a las invasiones. Una prohíbe a los estados entrar en guerra “a menos que estén realmente invadidos, o en un peligro tan inminente que no admita demora”. La otra dice que “no se suspenderá el privilegio de la orden de habeas corpus, a menos que, en casos de rebelión o invasión, la seguridad pública lo exija”.
Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca y principal asesor de Trump en materia de inmigración, dijo el mes pasado que el gobierno estaba considerando la posibilidad de suspender el habeas corpus, el derecho fundamental a impugnar las detenciones del gobierno.
“Ea una opción que estamos estudiando activamente. Mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”. (El abrumador consenso académico y judicial es que esa medida requeriría la acción del Congreso).
La sentencia más importante de la corte sobre los poderes de emergencia de un presidente se produjo en su decisión de 1952 en el caso Youngstown Sheet and Tube Company contra Sawyer, que rechazó la pretensión del presidente Harry Truman de que una —en ese caso, la guerra de Corea— le permitía nacionalizar las acerías ante las huelgas laborales.
La decisión incluía una concurrencia canónica del juez Robert Jackson, un punto de referencia que los candidatos a la Corte Suprema elogian habitualmente en sus audiencias de confirmación.
Jackson escribió que los autores de la Constitución desconfiaban de conceder al presidente poderes de emergencia.
“Sabían lo que eran las emergencias, conocían las presiones que generan para que se tomen medidas autoritarias, y también sabían que ofrecen un pretexto fácil para la usurpación. También podemos decir que sospechaban que los poderes de emergencia tenderían a provocar emergencias”.
